La gravedad de la situación desatada en Ecuador, bajo ataque del crimen organizado, es obviamente una advertencia para todas las democracias del continente americano sobre la necesidad de conservar para el Estado el monopolio de la violencia.
Y digo expresamente "las democracias" y no el más abarcativo "los países" de América, porque las dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua son parte del problema en tanto cómplices funcionales del crimen organizado.
No es el interés de este artículo explicar las razones del deterioro del poder coercitivo en el Derecho Ecuatoriano (que eso es jurídicamente lo que significa el resquebrajamiento del monopolio de la violencia), tarea que bien cumplen analistas internacionales dedicados a la región. Mirando a Quito, el interés de este artículo es preguntarnos por nuestra propia situación interna.
Cuando se olvida la razón de ser del monopolio de la violencia en poder del Estado y se lo debilita desde sucesivos gobiernos por experimentación progresista, los enemigos de la sociedad se hacen fuertes, ambicionan arrebatar ese poder y en un punto lo desafían abiertamente. Eso mismo que hace un tiempo viene sucediendo en Rosario.
Al igual que otros escenarios de América, Ecuador nos habla de Rosario.
Y lo que nos dicen, traducido a la historia argentina, es que la zanja de Alsina fracasó, por lo que los planes defensivos o de contención ya no tienen ningún sentido y es preciso pasar a la ofensiva tal como durante la campaña de Roca: con planificación y determinación para alcanzar objetivos claros. Ofensiva real, no disuasiva; efectiva y no reactiva.
Queda por dilucidar si el "Operativo Bandera", lanzado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, será otro despliegue más sobre Rosario, como los que se han visto a través de los años, o el punto de inflexión.
La marcha del tiempo no puede detenerse y de momento, al inicio de las operaciones, lo que se percibe es la cautela de los boxeadores estudiándose en el primer round.
Y la cautela es necesaria desde quienes conducen las fuerzas del Estado; porque no se trata de limitar la audacia, sino de darle valor a la audacia. O sea: no dejar que se consuma en vano.
Téngase presente que el gobernador Maximiliano Pullaro, antes de cumplir un mes de mandato, debió extraer a su familia de la Provincia de Santa Fe por la credibilidad de las amenazas recibidas por parte de organizaciones criminales.
Frente a ese cuadro de intimidación pública activa, cabe subrayar la premisa comunicacional que deberían seguir todos los funcionarios dedicados a ordenar la seguridad nacional y provincial: res non verba. Los políticos sensatos dejan a los hechos hablar por ellos, y sólo añaden su voz cuando esos hechos quedan consolidados.
"A nadie más de lo que deba saber", se enseña como derivado de la disciplina del secreto en operaciones de Inteligencia y aplica al caso. Porque si todos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, quienes tienen responsabilidad de gobierno mucho más. Aunque aquí los políticos confíen en que todo pasa y se olvida
En tal sentido, ha cometido una imprudencia la ministro Patricia Bullrich al explicitar en el Congreso que desde el inicio Operativo Bandera no hubo un solo muerto en la Ciudad de Rosario.
La imprudencia es obvia. No calculó la ministro el alcance que pueden tener sus palabras, olvidó que los narcos rosarinos ya han matado al azar para usar un cadáver cualquiera como mensaje mafioso y no contempló, tampoco, que si el gobernador pudo extraer a su familia de la provincia otras potenciales víctimas del narco no tienen esa posibilidad. Patricia Bullrich debe comenzar a entender que, por veraces que sean los datos, hay cosas que ella no debe decir, pues expone a terceros a la acción del enemigo.
Entendiendo que la marcha del tiempo no puede detenerse, lo más auspicioso hasta ahora, como medida tendiente a liberar Rosario del empuje narco, ha sido la reciente sanción en la Legislatura Santafesina de la Ley de Inteligencia, porque indica cierto consenso político provincial que es imprescindible para ir con todos los recursos del Estado a por la recuperación del territorio.
Urge llevar ese consenso político provincial a la categoría de consenso político nacional. Pero ¿será posible? Digamos que no es imposible, aunque de momento resulta improbable. Por distintas razones a vista de todos, como si a falta de amor muchos ahí esperasen que los una el espanto. Todavía más espanto.
Y es que combatir con efectividad a organizaciones narcotraficantes exige superar con sentido común heridas que sin ningún sentido común se eligió mantener sangrando durante años. Con todo lo que ello implica.
La ministro demostró en una significativa carta de su campaña presidencial ser consciente de las injusticias que padecen los militares presos por vencer al terrorismo castrista. Y sabe también que esas injusticias se proyectan sobre todos los uniformados, porque hay prefecturianos que han sido condenados por el sólo hecho de cumplir con su deber en un enfrentamiento armado.
Está última cuestión quedaría subsanada de aprobarse la ley de bases enviada por el Presidente Javier Milei al Congreso Nacional, pero no alcanzará por sí para revertir una cultura de subversión abolicionista impuesta durante años a favor de la delincuencia y perjuicio de los efectivos de las distintas fuerzas.
Dudo mucho, opinión estrictamente personal, que la composición de ambas cámaras del Congreso permita romper la trampa en la que se dejó caer la Seguridad Interior gracias al kirchnerismo con el CELS, Zaffaroni y compañía, porque en muchas de esas bancas sientan su traste personas que consideran a Julio Argentino Roca un genocida y entre ellos varios que ni siquiera cantan el Himno Nacional.
Ecuador viene a despertar la incómoda voz de nuestra conciencia nacional, susurrándonos al oído que tenemos nuestros propios y graves problemas para siquiera plantearnos resolver los de otros. Hacer pública la disposición a enviar tropas al Ecuador, más allá de las cuestiones legales, excede la prudencia que corresponde cultivar.
Es público y notorio que la República Argentina está casi ciega en materia de Inteligencia: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue dejada por el kirchnerismo en su nivel más bajo, por ende Inteligencia Criminal e Inteligencia Militar funcionan (en lo que funciona) al mínimo de sus capacidades. Mismas que se podrían recuperar relativamente rápido si un "Sr. 5" con plan y capacidad de liderazgo hace pie en 25 de Mayo 11.
Sin aumentar la capacidad actual de Inteligencia no alcanzará para hacer frente a la expansión de organizaciones trasnacionales sobre cuyo avance en territorio argentino vienen advirtiendo, desde hace mucho y con fundamentos, destacados especialistas en narcotráfico.
Cierro: no malgastemos audacia.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
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