Había clima de fin de ciclo kirchnerista en Noviembre de 2015 cuando, ya en franca retirada, el gobierno de Cristina Fernández firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) el Acuerdo de Solución Amistosa con la familia de Ricardo Javier Kaplun y la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social e Institucional (COFAVI).
El citado acuerdo refiere a la detención y muerte de Ricardo Javier Kaplun en Noviembre de 2000, hecho por el que efectivos de la Policía Federal fueron juzgados y absueltos. Repito: juzgados y absueltos.
En 2023 nuevamente hay clima de fin de ciclo en el kirchnerismo, lo que no necesariamente significa que estemos en un fin de ciclo. Pueden perder las elecciones, o no. En cualquier caso el gobierno títere del régimen obra como si debiera hacer el mayor daño posible a las instituciones antes de evacuar la Casa Rosada, porque entre otras dudas está la eventualidad que una presidencia de Sergio Massa resulte ser la presidencia de algún Sergio Massa de los tantos Sergio Massa que se contradicen en los archivos; incluso, ¿quién puede saberlo? tal vez un nuevo Sergio Massa distinto a todos los anteriores. Esa es sin lugar a dudas otra incógnita de las que deja la política argentina como constante contribución a la incertidumbre de la población, pero también un temor enquistado en las cabecitas de la jefatura kirchnerista.
Como parte de ese clima de fin de ciclo, que ya dirán las urnas y lo que venga luego si en efecto lo es o no lo es, el gobierno se apresura a debilitar y condicionar las herramientas institucionales que encuentre el siguiente. Por ello, conforme al odio visceral que milita el régimen hacia los uniformados, el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández pretende debilitar a las Fuerzas Federales socavando el necesario y virtuoso espíritu de cuerpo que las debe caracterizar.
No es un secreto para nadie que de no ser kirchnerista, o funcional al kirchnerismo, el próximo gobierno deberá enfrentar la ofensiva sediciosa de los acólitos de Cristina Fernández y la izquierda toda, que son básicamente los mismos que el 24 de Marzo de 2017, mediante un acto público en la Plaza de Mayo, mintiendo 30.000 desaparecidos y un genocidio inexistente, dieron lectura a un documento suscripto por las organizaciones de derechos humanos en el que se reivindico expresamente el accionar de las organizaciones terroristas como FAR, Montoneros y ERP.
A efectos de facilitar esa previsible actividad destituyente, debilitando desde ahora los instrumentos de los que dispondrá el futuro gobierno para garantizar orden y gobernabilidad, ha surgido el 14 de Julio de 2023 la Resolución 477/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, disponiendo que "las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS", por lo que "el patrocinio jurídico institucional cesará una vez agotada la vía recursiva ordinaria y extraordinaria que pudiera corresponder contra el auto de mérito que hubiera recaído respecto del agente /o funcionario del que se trate".
Con una colosal hipocresía, propia de las normas que dicta el régimen kirchnerista a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se afirma en los considerandos de la Resolución: "Que, el dictado de la presente en modo alguno implica desconocer legítimo ejercicio del derecho de defensa que, constitucional y convencionalmente, el Estado argentino garantiza a todas las personas".
Y por si alguien no entiende la hipocresía del CELS, téngase presente que:
.- Tal entidad se formó en 1979 como una colateral de las organizaciones del terrorismo castrista.
.- Su abogado Jorge Baños fue uno de los terroristas del MTP abatidos durante el ataque del 23 de Enero de 1989 al Regimiento de La Tablada.
.- Al amparo del kirchnerismo ejerce desde hace dos décadas una suerte de comisariado político sobre las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, habiendo puesto fin a carreras militares por razones tan democráticas como la portación de apellido.
.- Fue una de las organizaciones que avaló el documento leído en Plaza de Mayo el 24 de Marzo de 2017 reivindicando a las organizaciones del terrorismo castrista.
.- Miente el CELS 30.000 desaparecidos y un genocidio inexistente que, acaso, hermosa palabra la palabra acaso, en rigor de verdad lo impidieron los militares al haber puesto fin a Roberto Santucho, Jefe del ERP (de dónde se desprendería luego el MTP) quien calculaba tener que matar un millón de argentinos para imponer el socialismo.
La hipocresía del CELS, aparece clara y manifiestamente en que la Resolución 477/2023 implica desconocer el legítimo ejercicio del derecho a defensa de los integrantes de las Fuerzas Federales que pudieran ser procesados por la presunta comisión de delitos en actos de servicio, pues un auto de procesamiento o auto de mérito de ninguna manera es una sentencia definitiva, por lo cual pone en duda pero no da por terminada la presunción de inocencia, algo que demuestra la infinidad de casos de procesados que terminan siendo declarados inocentes, a veces con largos procesos y prisiones preventivas.
Pero más que la negación del derecho de defensa de los efectivos de las Fuerzas Federales, lo que la Resolución tiene toda la intención de atacar es el espíritu de cuerpo de esas instituciones al instalar que hay que abandonar al camarada sospechado.
La consecuencia de semejante disparate es muy obvia: a la hora de tomar algún riesgo, de los tantos que los actos de servicio implican, y que muchas veces pueden generar situaciones confusas, el incentivo de mirar para otro lado, que ya es muy alto, crecerá exponencialmente.
Ya existe entre los miembros de la fuerza un evidente temor a padecer persecuciones judiciales que, se ha visto muchas veces, genera peligrosas dudas (tanto para el propio efectivo que duda como para sus camaradas y para terceros) al momento de actuar.
La Resolución adoptada no contribuye al mejor cumplimiento del deber en el servicio de las Fuerzas Federales a la población, por el contrario al socavar el espíritu de cuerpo, al asumir que todo efectivo denunciado es por definición culpable y que debe pagar su propia defensa (con lo que ello significa para sueldos que que no son de los más altos que paga el Estado) lo que se promueve es el obrar elusivo y con ello, al fin de cuentas, la anhelada búsqueda del kirchnerismo de eliminar la existencia del "ser" policía, gendarme o prefecturiano, para reemplazarla por el "trabajo de", con lo cual bien convendría suplantar los distintos uniformes por la vestimenta que utilizaba Antonio Gasalla en aquella celebrada parodia de la empleada pública.
Por todo lo expuesto, dejar sin efecto la perniciosa Resolución 477/2023, debe integrar el paquete de resoluciones que, en el caso que efectivamente el kirchnerismo deje el poder, un nuevo Ministro de Seguridad de la Nación deberá dejar sin efecto el mismo día de asumir.
Por suerte, alcanza con una firma para ponerle fin a la malintencionada resolución de Aníbal Fernández y el CELS.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
Estado Libre Asociado de Vicente López
