De por sí una situación de epidemia genera miedo y confusión, dos cosas que pueden complicar todavía más el cuadro y derivar en barbarie.
Especialmente en un país como Argentina, dañado en sus instituciones, degradado en su cultura y con miseria intelectual.
Tanto la Constitución Nacional como el Código Penal y otras leyes, contemplan distintas contingencias previendo eventuales crisis desde el punto de vista de la seguridad, porque es esencial para el Estado y el orden de la Libertad conservar el monopolio de la violencia.
Así, para casos de conmoción interior, el Art. 23 del texto constitucional prevé el estado de sitio con la suspensión de las garantías constitucionales.
Es un recurso extremo que habla de la conciencia de realidad y claro pragmatismo de los constituyentes.
Sin llegar a ese extremo de excepción, el Código Penal en su Capítulo IV "Delitos contra la salud pública" contempla la posibilidad de una epidemia a través de dos artículos que es necesario se tengan presentes en esta coyuntura. Tanto por autoridades como habitantes del país.
Art 202: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".
Y luego, consecuentemente, se contempla con toda lógica una norma penal en blanco para garantizar se acate la prevención:
Art 205: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Nótese que para tipificar la conducta remite a otra norma, que puede no ser una ley.
Una población acostumbrada al cumplimiento de la ley y consustanciada con sus instituciones desarrolla respeto por la autoridad desde un fuerte sentimiento de pertenencia (Japón, por ejemplo), lo que le confiere disciplina para atravesar "malos momentos".
Eso, a todas luces y con sobrada evidencia no es el caso argentino.
Tanto no lo es, que Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, siente que es facultativo de él decidir a quién perseguirá la fuerza policial o no.
Entonces dice públicamente: "El Ministerio no va a perseguir a la gente que no cumpla con la cuarentena".
Es vicio muy común de los funcionarios argentinos tomarse atribuciones que la ley no les confiere.
Pero en este preciso contexto ese vicio no puede ser aceptado, por lo que es inadmisible que Sergio Berni siga ocupando ese cargo y agravando el riesgo para la seguridad interior. Para mayor gravedad en sus dichos, Sergio Berni es médico...
En este acaso además, queda en evidencia el doble discurso, porque en esta imagen el ministro Berni proyecta otra filosofía:
Cabe advertir que esto recién empieza y los finales respecto a la propagación del Covid-19 están abiertos. Podemos suponer y desear que los hechos evolucionarán positivamente porque todos nos comportaremos civilizadamente.
Pero pregunto: ¿acaso todos los días somos una sociedad civilizada, legalista, disciplinada, solidaria? No. No lo somos.
Ser estrictos en cumplir y hacer cumplir las medidas que se vayan indicando para detener el contagio es clave para superar la emergencia.
Y no nos engañemos queriendo pensar que todos harán lo correcto por las buenas. No va a ser así.
Garantizar la seguridad interior es vital para mantener la crisis del coronavirus enfocada en su faceta médica, especialmente cuando estamos en un proceso sin plazo y de evolución incierta con muchos factores variables.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
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