La Constitución Nacional, por reflejo del sabio y decente espíritu de los constituyentes fundadores, aborrece la sola idea de colocar las vidas y fortunas de los habitantes de la República Argentina bajo el arbitrio de tiranos y delincuentes.
Por ello, previendo la posibilidad de corruptos y criminales que accedieran al poder, establecieron mecanismos para conservar la honorabilidad de las instituciones republicanas y la dignidad de los argentinos.
Así, en el contexto presente, la Cámara de Diputados tiene la exclusiva facultad de acusar ante el Senado de la Nación a la Vicepresidente Cristina Fernández, condenada por corrupción (administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública) a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Corresponde la acusación y el juicio político en razón de lo dispuesto en el Artículo 53, porque la sentencia en sede judicial prueba el delito cometido por la vicepresidente Fernández en el ejercicio de sus funciones. Lo que, además, es un grosero mal desempeño, dos razones inobjetables para proceder a su destitución.
Por supuesto ese procedimiento establecido en concordancia con la alta moral de los constituyentes fundadores, choca de plano con la amoralidad / inmoralidad reinante en la dirigencia política y particularmente con la composición de la Cámara de Diputados; donde hay mayores chances de encontrar dos tercios de las bancas a favor de la corrupción que de alcanzar esa misma mayoría especial para sanear las instituciones.
No obstante ello, nada impide a la ciudadanía reclamar y exigir por su propia cuenta, desde el reproche social a falta de honestidad en la Cámara de Diputados, que la condenada por corrupción presente su renuncia tal como está previsto en el Artículo 88 de la Constitución Nacional.
Si el Congreso de la Nación se ha convertido -como otras veces- en un aguantadero, si ninguna voz de peso en la dirigencia política se alza con fervor republicano exigiendo la renuncia, si la complicidad de casta elude instalar la necesaria discusión sobre la ética pública, deberemos ser los ciudadanos de a pie los que a fuerza de insistencia levantemos ese clamor. Y es que desde el momento en que se dictó la sentencia condenatoria, Cristina Fernández usurpa el cargo de vicepresidente.
Lo usurpa porque está acreditado que es indigna de permanecer en él. Lo usurpa porque no tiene sentido que Cristina Fernández con su prontuario penal, ya no pueda -por ejemplo- ser legítimo usuario de armas de fuego pero pueda eventualmente por estar en la línea de sucesión presidencial ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dirigir a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, ser responsable por la administración general del país, indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal y conducir las relaciones exteriores de la Nación entre otras facultades.
¿Cómo podemos permitir pasivamente que una delincuente condenada siga en el gobierno? ¿Cómo aceptar que una prontuariada que sería rechazada para trabajar de cajera en cualquier banco siga presidiendo el Senado de la Nación? Y estas preguntas cobran una relevancia todavía mayor cuando la realidad política evidencia, con vergonzosa obscenidad, que el presidente Alberto de la Fernández no es más que un títere de la vicepresidente Cristina Fernández.
No será el muñeco presidencial quien, en nombre de la ética republicana, pida la renuncia a su vicepresidente. Por razones de jerarquía inversa y porque este seudo presidente ni siquiera pudo remover a funcionarios de menor rango cuando lo intentó, mucho menos a su jefa. No tiene ninguno de los atributos que hacen a la integridad.
Y así el gobierno, en su resistencia a la condena judicial, profundiza desde su ambición totalitaria el conflicto de poderes y se convierte en una mafia que se victimiza denunciando otras mafias pero que nunca clama por su inocencia. El argumento por excelencia del kirchnerismo es que corruptos somos todos, y eso es lo que valida la falta de un clamor cívico exigiendo la renuncia de la corrupta.
Una de las cosas más patéticas y grotescas luego de la sentencia, es que Cristina Fernández, desde la centralidad de la escena política, haya logrado instalar su "renunciamiento" a eventuales candidaturas en el futuro y logrado con ello que nadie, por caso ninguno de los eventuales candidatos opositores a la Presidencia de la Nación, alce como bandera la exigencia de su renuncia al cargo que actualmente usurpa.
Por todo esto me he propuesto, sin olvidar que soy solamente un ciudadano de a pie con escasos recursos materiales y limitaciones de difusión, bregar de manera constante por despertar conciencias para exigir la renuncia de la corrupta.
Callarnos, bajar los brazos ante el dominio de los corruptos, sería aceptar que la delincuencia nos representa y convalidar la decadencia ética y moral impuesta por la subversión kirchnerista.
Y sí, es difícil porque soy solamente uno; pero con vos ya seríamos dos...
¡¡¡RENUNCIE CORRUPTA!!!
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
